El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva largamente esperada que marca un punto de inflexión en la política gubernamental relacionada con los activos digitales. Tras varios días de incertidumbre en el sector cripto, finalmente se definió un documento que sienta las bases para una supervisión más favorable de las criptomonedas a nivel federal. Aunque las órdenes ejecutivas no conllevan el mismo peso legal que las leyes emanadas del Congreso, su relevancia reside en la guía que ofrecen a los diversos organismos del Ejecutivo y en la señal que envían a la industria y a los mercados financieros. En este caso, el documento allana el camino para que Estados Unidos se convierta en uno de los principales defensores de la innovación cripto, especialmente luego de años de conflictos entre las empresas del sector y las autoridades reguladoras.
La orden firmada por Trump sugiere la búsqueda de un entorno más propicio para el desarrollo, la comercialización y la adopción de las criptomonedas. Entre otras medidas, menciona el potencial establecimiento de un “stock digital” nacional, así como la creación de un grupo de trabajo que deberá proponer recomendaciones concretas en materia de regulación cripto. Estas disposiciones se suman a la decisión de proteger a los desarrolladores, mineros y validadores de criptomonedas de posibles sanciones por realizar actividades lícitas, un reconocimiento que muchos consideran un paso significativo para la seguridad jurídica del ecosistema. Además, la orden ejecutiva prohíbe expresamente a las agencias federales trabajar en la creación de una moneda digital de banco central (CBDC), una posición que contrasta radicalmente con las iniciativas que se venían estudiando en la administración previa.
La orden ejecutiva y sus implicaciones
El documento oficial emitido por la Casa Blanca busca clarificar el futuro de las criptomonedas en territorio estadounidense, estableciendo un período de 30 días para que los distintos entes gubernamentales identifiquen las normas vigentes que ya afectan a las criptomonedas y de 60 días adicionales para proponer cambios o la eliminación de algunas de esas disposiciones. Una vez cumplidas estas etapas, el nuevo grupo de trabajo —encabezado por el llamado “zar de cripto y IA”, el inversionista David Sacks— deberá presentar un informe detallado con recomendaciones y propuestas finales en un plazo de 180 días.
Desde la perspectiva legal, las órdenes ejecutivas no obligan al Congreso ni a las agencias regulatorias independientes, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), a modificar sus enfoques de manera inmediata. Sin embargo, al provenir de la máxima autoridad ejecutiva, marcan la pauta que se espera sigan los órganos gubernamentales y los legisladores afines, especialmente en un entorno político en el que el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso. De hecho, se sabe que estas instituciones ya estaban preparando el terreno para adoptar una postura más amigable hacia los activos digitales, por lo que la orden de Trump llega en un momento de expectativa creciente.
Otra implicación relevante es la revocatoria de la orden ejecutiva del año 2022, firmada por el expresidente Joe Biden, que había sentado las bases para una regulación más cautelosa del sector. El nuevo enfoque rompe con las directrices anteriores y busca ofrecer más flexibilidad a la industria cripto, al tiempo que solicita al Departamento del Tesoro que deje sin efecto el marco regulatorio anterior. Se espera que esta acción acelere la adaptación de las normativas vigentes a un contexto más abierto y competitivo.
Un futuro prometedor para las criptomonedas en EE. UU.
El impacto en los mercados no se hizo esperar. La noticia de la firma de la orden ejecutiva provocó un breve aumento en el precio de Bitcoin, que superó los 106.000 dólares, para luego estabilizarse en torno a los 103.500 dólares. Aunque la reacción inmediata fue volátil, muchos expertos anticipan que el panorama a largo plazo será más estable, especialmente si el gobierno concluye las discusiones regulatorias con propuestas claras y predecibles. La claridad legal es justamente lo que las empresas del sector han reclamado durante años, aduciendo que la incertidumbre ha frenado la innovación y ha provocado la salida de proyectos a otras jurisdicciones más flexibles.
La creación de un grupo de trabajo específico para las criptomonedas también introduce una nueva dinámica en el diálogo entre la industria y las autoridades. Al involucrar a miembros del gabinete, así como a funcionarios de la SEC y la CFTC, se abre la posibilidad de que el ecosistema cripto participe en el diseño de políticas que equilibren la innovación con la protección al inversionista. Esto incluye el análisis de la viabilidad de un “stock digital” que funcione como una reserva nacional de activos criptográficos, reflejando la visión de Trump de elevar a las criptomonedas a un plano de interés estratégico para el país.
La prohibición de avanzar en una moneda digital de banco central marca un posicionamiento claro de la administración actual frente a la tendencia global de investigar y diseñar CBDCs. Varios países, entre ellos China y algunos miembros de la Unión Europea, han incursionado en proyectos piloto o en etapas avanzadas de planificación para sus propias divisas digitales oficiales. En ese sentido, la orden ejecutiva de Trump pone a Estados Unidos en un rumbo distinto, que delega en el mercado privado el desarrollo de tecnologías y herramientas de pago, antes que centralizar esas funciones en el banco central.
Reacciones políticas y planes de futuro
El escenario político actual es favorable a la implementación de reformas en la legislación financiera, puesto que el Partido Republicano ha manifestado repetidamente su interés en promover la competitividad y la innovación dentro del país. El senador Tim Scott, nuevo presidente del Comité Bancario del Senado, emitió un comunicado de respaldo a la iniciativa presidencial, subrayando su disposición a colaborar en la tarea de brindar seguridad, claridad y oportunidades de crecimiento al sector de los activos digitales. Esta postura política sugiere que los próximos meses estarán marcados por debates sustanciosos en el Congreso, especialmente en lo concerniente a la reactivación de proyectos de ley relacionados con la estructura del mercado y la regulación de las stablecoins.
Los reguladores, por su parte, afrontan un escenario de transición. Tanto la SEC como la CFTC se han visto envueltas en controversias por su postura —considerada severa por muchas empresas— en la aplicación de normas tradicionales a tecnologías emergentes. Con la nueva orden ejecutiva, se anticipa una revisión de la forma en que estos organismos clasifican, supervisan y sancionan las actividades relacionadas con criptomonedas. El llamado del presidente a proteger la innovación nacional y a evitar la “persecución” de actores legítimos del sector sugiere un cambio de tono, que podría traducirse en un replanteamiento de los criterios de penalización y en la emisión de guías más flexibles o específicas.
En definitiva, la orden ejecutiva de Trump marca el inicio de una nueva etapa para las criptomonedas en Estados Unidos. Aunque el documento por sí solo no transforma automáticamente el complejo entramado legal, sí delimita una hoja de ruta más optimista, centrada en fomentar el crecimiento y la adopción de activos digitales. A falta de la evolución de estas directrices, la industria cripto observa atenta cada paso del gobierno, con la esperanza de que, finalmente, se establezca un marco regulatorio robusto, coherente y abierto a la innovación que consolide a Estados Unidos como uno de los líderes mundiales en el ámbito de las finanzas digitales.