La nación centroamericana de El Salvador, que en 2021 dio un sorprendente salto al adoptar el bitcóin (BTC) como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, se encuentra ahora en un punto de inflexión. Mientras gestiona un paquete de financiamiento por un total cercano a los 3.500 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades financieras internacionales, el gobierno de Nayib Bukele ha decidido aceptar una serie de condiciones que modifican sustancialmente su apuesta original por la criptomoneda. Entre estas medidas se incluye la eventual venta o clausura de la controvertida billetera gubernamental “Chivo”, el fin de la obligatoriedad de aceptar bitcóin en el sector privado y la exigencia de que los impuestos se paguen exclusivamente en dólares.
Un cambio en la hoja de ruta oficial
La aparición del monedero Chivo en 2021 fue uno de los pilares de la estrategia salvadoreña para popularizar el uso del bitcóin. El gobierno ofreció entonces un bono de 30 dólares en BTC a cada ciudadano que se registrara en la aplicación. Sin embargo, esta iniciativa no alcanzó el nivel de adopción masiva que se esperaba. Si bien muchos salvadoreños descargaron la aplicación para obtener el incentivo, la mayoría no continuó utilizando la billetera ni realizando transacciones frecuentes en bitcóin. A esto se sumó el escepticismo de la población, reflejado en encuestas que evidenciaron un escaso uso de la criptomoneda en el ámbito cotidiano.
La relación entre El Salvador y el FMI, desde que Bukele decidió incorporar el bitcóin como moneda de curso legal, ha estado marcada por la tensión y las dudas sobre la conveniencia de tal medida. La volatilidad de la criptomoneda, sumada a la carencia de un uso extendido y natural en la economía nacional, generó recelos en el organismo internacional. El FMI venía advirtiendo sobre los riesgos inherentes a la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, especialmente debido a su impredecible fluctuación de precios. Ahora, con la meta de asegurar los fondos que necesita, El Salvador ha optado por ajustar su estrategia: la billetera Chivo —de carácter gubernamental— se cerrará o venderá a un actor privado, mientras que se ratifica que la aceptación del bitcóin por parte de empresas y negocios será totalmente voluntaria.
Impuestos y reservas: un delicado equilibrio
Otro cambio crucial pactado con el FMI concierne al régimen tributario. A partir de ahora, los impuestos en El Salvador se pagarán exclusivamente en dólares estadounidenses, descartando la opción del bitcóin que inicialmente se contempló. Con ello, se busca brindar mayor certidumbre a la recaudación fiscal y evitar que la volatilidad criptográfica afecte la estabilidad de las arcas públicas.
No obstante, este ajuste no significa un abandono total del bitcóin por parte del gobierno salvadoreño. De hecho, voceros del entorno oficial han asegurado que el país continuará incrementando sus reservas de la criptomoneda, posiblemente de una manera aún más acelerada. El Salvador había iniciado hace meses una política de adquisición paulatina de bitcoines —un BTC por día— con el objetivo de incorporar la criptomoneda como parte de sus activos estratégicos. Se estima que el país cuenta con casi 6.000 bitcoines, valorados en cientos de millones de dólares según las cotizaciones más recientes, y la autoridad gubernamental ha enfatizado que la condición del bitcóin como moneda de curso legal no será revocada.
Lo que sí está claro es que el rol del bitcóin se reconfigura. En su origen, la narrativa oficial apuntaba a una adopción masiva y a la transformación del modelo económico salvadoreño gracias al impulso cripto. La realidad práctica, sin embargo, demostró que la población no incorporó el BTC en su vida cotidiana como se preveía. Además, el FMI y otros organismos financieros internacionales seguían mostrando recelo hacia una política considerada arriesgada. La necesidad urgente de asegurar los 3.500 millones de dólares —1.400 millones aportados por el FMI y el resto proveniente del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades— ha llevado a que el gobierno centroamericano ceda en algunos puntos clave.
Mientras que el Estado disminuirá su participación directa en las actividades relacionadas con el bitcóin, los monederos digitales administrados por el sector privado seguirán operando con normalidad. Asimismo, continuará el desarrollo de proyectos educativos y programas de capitalización ligados a las criptomonedas. La esperanza del gobierno es que, con el tiempo, el uso del bitcóin se arraigue de manera orgánica y voluntaria, sin la presión del Estado de por medio.
En definitiva, esta nueva fase marca un punto de equilibrio forzado: El Salvador sigue manteniendo el bitcóin como parte de su ecosistema, pero con un enfoque menos intervencionista, intentando de este modo disipar los temores del FMI y asegurar el arribo del tan necesitado financiamiento. El futuro dirá si este replanteamiento de la estrategia cripto del país será capaz de generar confianza, estabilidad financiera y, eventualmente, una mayor y más auténtica adopción de la moneda digital por parte de su población.
