El expresidente Donald Trump vuelve a estar en el centro de una polémica, esta vez vinculada al mundo de las criptomonedas. Dos senadores demócratas, Adam Schiff y Elizabeth Warren, han solicitado formalmente a la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos una investigación para determinar si el exmandatario incurrió en una violación de las normas éticas federales. El motivo: una promoción que ofrece acceso exclusivo a una cena privada con Trump para los principales inversores de su moneda digital, el $TRUMP coin.
El evento en cuestión está programado para el próximo 22 de mayo en uno de los clubes de golf del expresidente, ubicado cerca de Washington D.C. Según se detalla en el sitio web oficial del proyecto, los 220 mayores tenedores del token recibirán una invitación para asistir a esta cena especial. La noticia provocó una reacción inmediata en los mercados cripto: el valor de la moneda se disparó más de un 50% tras el anuncio, lo que, según los senadores, plantea serias dudas sobre la legalidad y ética de la maniobra.
Acusaciones de corrupción y beneficios personales
En la carta enviada el pasado viernes, Schiff y Warren denuncian que la acción del expresidente podría constituir un caso de “pay to play”, una práctica corrupta en la que se ofrece acceso privilegiado a cambio de contribuciones económicas, en este caso disfrazadas de inversiones en una criptomoneda. Para los legisladores, esto representa no solo una amenaza ética, sino también un posible riesgo legal de gran envergadura.
Los senadores argumentan que, con este tipo de iniciativas, Trump estaría vendiendo acceso a la figura presidencial a cambio de inversiones en uno de sus proyectos empresariales personales, lo que además podría beneficiar financieramente tanto a él como a su familia. Citan cifras alarmantes: tras el anuncio, la moneda experimentó un aumento en su valor que superó los 100 millones de dólares, elevando las sospechas de enriquecimiento ilícito a través de su influencia política.
A esto se suman preocupaciones adicionales sobre el perfil de algunos inversores del $TRUMP coin. Diversos informes públicos apuntan a que ciertos tenedores de la criptomoneda tienen vínculos con plataformas extranjeras, incluyendo exchanges prohibidos en territorio estadounidense como Binance. Esto abre la puerta a la posibilidad de que intereses foráneos estén comprando acceso político mediante inversiones encubiertas en activos digitales.
Un marco ético sin dientes y un Congreso poco receptivo
Los senadores también se preguntan qué tipo de orientación ética, si alguna, ha recibido Trump o su familia en relación con el uso de activos digitales para obtener beneficios personales mientras se encuentran en funciones públicas o aspiran a volver al poder. Asimismo, exigen saber qué mecanismos existen para evitar que individuos sometidos a investigaciones o en busca de indultos accedan al entorno presidencial por esta vía.
Sin embargo, el contexto político actual juega en contra de esta solicitud. Con el control del Congreso y de la Casa Blanca en manos del Partido Republicano, y un director de ética designado por el mismo Trump, es poco probable que la misiva tenga un impacto real o dé lugar a una acción efectiva.
Mientras tanto, el entorno del expresidente continúa ampliando su incursión en el mundo cripto. El mes pasado, la familia Trump anunció la creación de una stablecoin a través del proyecto World Liberty Financial, consolidando así su presencia en este espacio digital. Desde su lanzamiento en enero, el $TRUMP coin ha generado más de 350 millones de dólares en comisiones, de las cuales una parte sustancial se habría canalizado hacia entidades vinculadas al exmandatario y su círculo cercano. Según la web oficial del proyecto, el 80% del suministro total del token está en manos de la Organización Trump y entidades asociadas.
Ni la Casa Blanca ni la Oficina de Ética Gubernamental han ofrecido comentarios al respecto. Cabe recordar que, aunque el presidente y vicepresidente en funciones están exentos de ciertas leyes de conflicto de interés que sí se aplican a otros funcionarios, la OGE ha recomendado históricamente que estos altos cargos se adhieran voluntariamente a los estándares éticos establecidos por órdenes ejecutivas.
Sin capacidad legal para obligar a un presidente a desinvertir o sancionar conflictos de interés, la Oficina solo puede emitir recomendaciones, lo que en este caso deja el asunto en un limbo donde el peso de la ética parece quedar a merced de la voluntad política y la presión pública.
