La popular plataforma de emisión de memecoins, Pump.fun, se encuentra en el centro de la controversia tras la presentación de una demanda colectiva en su contra. Según el documento legal, la compañía habría ofrecido y vendido “valores altamente volátiles” sin estar debidamente registrada, generando unos 500 millones de dólares en comisiones y violando, supuestamente, las normativas de valores en Estados Unidos. El caso, interpuesto por el inversor Diego Aguilar, se centra en la afirmación de que todos los tokens creados en Pump.fun deben considerarse valores y, por lo tanto, estar sujetos a las leyes estadounidenses que regulan el mercado de valores.
La demanda, presentada el 30 de enero en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusa a Pump.fun —operado por Baton Corporation y fundado por Alon Cohen, Dylan Kerler y Noah Tweedale— de promover y comercializar criptomonedas especulativas que prometen grandes ganancias pero carecen de los requisitos legales necesarios para su venta. Entre los señalamientos figura el supuesto rol de la plataforma en la creación de un modelo evolucionado de estafa piramidal y “pump and dump”, prácticas que suelen inflar artificialmente el precio de un activo para luego venderlo masivamente y precipitar su descenso.
La experiencia de Diego Aguilar y la estrategia de Pump.fun
En la denuncia, el inversor Diego Aguilar alega haber sufrido pérdidas significativas tras invertir en tres memecoins nacidas en la plataforma: FRED, FWOG y GRIFFAIN. Según Aguilar, estas criptomonedas se promocionaron con la promesa de generar retornos “exponenciales”, incentivando de manera agresiva a los usuarios a participar. La estrategia de marketing señalada en la demanda habría consistido en dirigirse a un público joven y con escasa experiencia en el mundo de las criptomonedas, aprovechando las redes sociales como TikTok para exacerbar la “ansiedad de quedarse fuera” de posibles ganancias espectaculares, conocidas popularmente como “FOMO” (Fear Of Missing Out).
Para el demandante, la plataforma supo capitalizar ese miedo a perder oportunidades únicas, empleando eslóganes que presuntamente ofrecían ganancias de “100x” o “1000x”. La querella sostiene que Pump.fun no implementó ningún protocolo significativo de verificación de identidad (KYC) ni medidas contra el lavado de dinero, facilitando así que los responsables de estas prácticas pudieran manipular el mercado y enriquecerse a costa de los inversores menos informados.
Repercusiones legales y otros casos abiertos
La firma Wolf Popper LLP —que lidera junto con Burwick Law la representación legal de Diego Aguilar— había instado públicamente a otros usuarios a unirse a esta acción legal. Esta no es la primera vez que Pump.fun se enfrenta a un proceso judicial: al menos otros dos litigios colectivos se han iniciado en su contra, vinculados a otros memecoins denominados PNUT y HAWK, y que, de acuerdo con la documentación oficial, presentan patrones similares de promoción exagerada y ganancias irrealizables.
A pesar de las acusaciones y las demandas pendientes, la plataforma mantiene una gran actividad y altos niveles de ingresos. Fundada hace apenas un año, Pump.fun permite a cualquier usuario lanzar su propio memecoin en la red Solana, un rasgo que, según sus detractores, fomenta la proliferación de proyectos con escasa o nula supervisión. En enero, la plataforma registró ingresos por comisiones de aproximadamente 116,72 millones de dólares, cifra que continúa consolidando su posición en el mercado a pesar del escrutinio legal.
El resultado de este proceso judicial podría sentar un precedente importante para la industria de las criptomonedas, especialmente en lo concerniente a la emisión de tokens que las autoridades consideren valores. Si los tribunales determinan que Pump.fun y sus responsables infringieron las leyes de valores estadounidenses, el escrutinio de los entes reguladores podría intensificarse y extenderse a otras plataformas que siguen esquemas similares. Entretanto, la demanda de Diego Aguilar se convierte en un nuevo hito en la lucha por establecer límites y responsabilidades dentro de un sector que, en su búsqueda de innovación, aún enfrenta numerosos desafíos en términos de regulación y protección al inversor.
